La Fiscalía General de la República no logró acreditar la red criminal ni el desvío de 850 millones de pesos imputados al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, dictándose su absolución penal por el delito de delincuencia organizada.
Sentencia absolutoria y el estado procesal actual
El juez federal desestimó las pruebas presentadas por la fiscalía al no comprobarse la existencia de una estructura delictiva coordinada.
A pesar de la resolución absolutoria dictada por el juez de control federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, actuando como tribunal de enjuiciamiento, el exmandatario estatal (periodo 2011-2016) no obtendrá la libertad plena. El político priista permanece bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, la cual cumple en un inmueble residencial ubicado en un municipio del Estado de México colindante con la Ciudad de México.
Esta retención judicial obedece de forma exclusiva a que Borge Angulo enfrenta un procedimiento penal independiente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). La sentencia absolutoria escrita fue formalizada el pasado 4 de junio, documento al que se tuvo acceso informativo para constatar el alcance del fallo judicial.
Los fallos probatorios en la acusación de la fiscalía
La insuficiencia de evidencias científicas y testimoniales impidió al Ministerio Público Federal demostrar el control jerárquico de la red.
La acusación central de la Fiscalía General de la República sostenía que el exgobernador lideraba una organización criminal enfocada en la enajenación irregular de patrimonio público. Las deficiencias técnicas de la investigación se concentraron en tres puntos que el tribunal consideró no probados:
- Inexistencia de subordinación: La autoridad ministerial no pudo demostrar la existencia de un vínculo delictivo ni una cadena de mando sólida entre los presuntos cómplices y el exmandatario.
- Legalidad corporativa: Las pruebas aportadas fueron insuficientes para determinar que las empresas comerciales involucradas en los contratos de compraventa operaban como entidades “fachada” o simuladas.
- Tipicidad del delito: Al no comprobarse el acuerdo permanente o reiterado para delinquir, los hechos no encuadraron en el supuesto legal de delincuencia organizada.
El patrimonio territorial y el avalúo de los predios rematados
La discrepancia financiera en las reservas territoriales de Quintana Roo involucra bienes raíces en los principales destinos turísticos del estado.
El origen del litigio radica en la venta de 18 inmuebles pertenecientes a las reservas territoriales del estado de Quintana Roo. La fiscalía calculaba el valor real de estos activos en 1,086 millones de pesos, argumentando un detrimento patrimonial a las arcas estatales por 850 millones de pesos, debido a que la administración local concretó las transacciones comerciales por un monto total de apenas 236 millones de pesos. Los terrenos en disputa geográfica se distribuyen en cinco municipios con alto valor comercial:
- Cancún
- Cozumel
- Playa del Carmen
- Tulum
- Othón P. Blanco
Dentro de las operaciones comerciales auditadas por el caso, la investigación ministerial detectó que una de las propiedades rematadas fue adquirida de forma directa por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador Roberto Borge.
