La Asamblea Comunitaria de San Román se adhirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para blindar el patrimonio cultural indígena. Esta acción impulsa un frente peninsular unificado ante tribunales federales que busca coordinar a más de mil localidades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
La resolución de la SCJN unifica el frente peninsular en Bacalar
El acuerdo de la Asamblea Comunitaria Maya de San Román, ubicada en el municipio de Bacalar, formaliza su adhesión jurídica a los criterios de protección de la dignidad y los bienes culturales determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta decisión emana directamente del litigio derivado del incidente de suspensión 4/2025, el cual forma parte integral del juicio de amparo 1649/2024. La postura de San Román no es un hecho aislado, sino el detonante de una estrategia de articulación regional.
La comunidad otorgó el mandato legal para establecer canales de comunicación y coordinación con las autoridades de otras 1,020 comunidades mayas distribuidas en toda la Península de Yucatán. Dichas localidades se encuentran debidamente registradas y reconocidas en el catálogo oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El propósito central de estos contactos es la consolidación de un frente común y el establecimiento de una alianza comunitaria maya peninsular capaz de actuar en bloque ante las instancias jurisdiccionales.
Designación de representantes y estrategia de justicia intercultural
Durante la sesión del pasado 5 de mayo, la asamblea comunitaria eligió mediante votación a sus representantes y asesores técnicos para conducir la defensa legal del territorio y la cultura:
- Representantes comunitarios: Santiago Couoh Abán y Eduardo Balam Cupul recibieron el encargo de encabezar las acciones legales de la comunidad dentro del proceso judicial activo.
- Sede del litigio: El juicio se desahoga actualmente en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
- Asesores jurídicos técnicos: Se designó a los abogados Ángel Gabriel Pool Navarro y Alfredo Caamal Huchin, profesionales bilingües mayahablantes.
- Funciones asignadas: Los asesores tienen la tarea específica de orientar, acompañar y operar en las mesas de justicia intercultural ante cualquier autoridad competente.
La participación de asesores mayahablantes garantiza que el proceso técnico-jurídico no ignore la perspectiva cultural y los sistemas normativos internos de la comunidad.
Los representantes acreditados cuentan con la autorización asamblearia para asistir a reuniones, audiencias y mesas de negociación con el fin de proteger los derechos colectivos frente a terceros, consorcios empresariales o dependencias de los tres niveles de gobierno, con la facultad de actuar de manera individual o respaldados por su equipo legal.
Debate por la representación legítima de los derechos colectivos
La coordinación operativa de la asamblea estuvo a cargo del abogado Ángel Gabriel Pool Navarro, quien se desempeña como coordinador estatal en Quintana Roo para las acciones vinculadas a la defensa del patrimonio y la representación jurídica de los núcleos comunitarios mayas.
Este acto jurídico se integra a una serie de asambleas de naturaleza similar que se han verificado de forma reciente en diversos puntos de la Península de Yucatán.
Los encuentros asamblearios se desarrollan en un contexto de intenso debate en los tribunales federales respecto a la titularidad de la representación legítima. La discusión técnica se centra en determinar qué organismos o liderazgos poseen el derecho legal para reclamar y litigar la protección de los derechos colectivos y la herencia cultural de los pueblos originarios ante las autoridades de la federación.
